Restricciones de la propaganda gubernamental

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Por Uriel Pérez García

En las últimas semanas se puso en la agenda pública la polémica desatada entre las autoridades electorales y la Presidencia de la República derivado de las restricciones en materia de propaganda gubernamental que entrarán en vigor el próximo 4 de abril una vez iniciadas las campañas y que por mandato constitucional y legal debe suspenderse hasta terminada la jornada electoral.

Sin duda se trata de un debate que lleva al desgaste incensario a ambas partes, por un lado hay que mencionar que el Instituto Nacional Electoral a través de algunos de sus consejeros electorales han manifestado en este y en otros temas una abierta confrontación con el titular del ejecutivo que en nada abona a la institucionalidad y sobre todo a mantener la menguada confianza hacia este organismo.

Está claro que el nivel de legitimidad y aceptación del presidente sitúa en polos totalmente opuestos la percepción ciudadana cuando de algún cuestionamiento hacia este se refiere, por lo que es evidente que ante cualquier afrenta al presidente la probabilidad de que los señalamientos se vuelquen hacia sus opositores o detractores es muy alta, es decir siempre lleva las de ganar.

Este pulso lo tiene muy bien medido López Obrador, por lo que aunado a ese estilo personal de gobernar, la estrategia de situar temas de agenda de acuerdo a sus propios intereses ha derivado que de igual manera en distintas ocasiones motive el debate en asuntos que no deberían estar sujetos a vaivenes políticos sino únicamente de hacer cumplir lo que la ley señala.

En el caso de la suspensión de la propaganda gubernamental, en el apartado C del artículo 41 de la Constitución General, se establece que deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda tanto de los poderes federales y estatales como de los municipios con excepciones expresamente establecidas por la misma Carta Magna y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en su artículo 209.

Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha conceptualizado dicha propaganda como el “conjunto de actos, escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que lleven a cabo los servidores públicos o entidades públicas que tengan como finalidad difundir la existencia de logros, programas, acciones, obras o medidas de gobierno para construir su aceptación”.

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Desde esta perspectiva queda de manifiesto que lo que pretende esta restricción es evitar incidir en la equidad de la contienda a través de mensajes que puedan influir en la percepción del electorado respecto a la permanencia del partido en el gobierno, lo que sitúa en desventaja a aquellos contendientes que no están dentro de la esfera gubernamental de cualquiera de los tres órdenes de gobierno.

Hay que resaltar que esta prohibición no se trata precisamente de censura, puesto que en ningún momento busca que los gobiernos dejen de informar, lo único que deja claro es la suspensión de la difusión y transmisión de mensajes que impliquen los supuestos establecidos anteriormente, es decir, para el caso de las conferencias matutinas estas se podrían seguir realizando y los medios retomar lo que consideren de interés noticioso, más no en un esquema de transmisión íntegra como hasta ahora.

Luego entonces no se trata de renunciar al derecho a informar y mantenernos informados máxime en la situación actual, ya que en las excepciones a esta restricción se encuentran las de información relativa a servicios educativos y de salud, así como todo lo necesario en casos de emergencia para garantizar la protección civil.

En este contexto no se debe perder de vista que en política nada es casual, sino causal, por lo que en definitiva el hecho de buscar la controversia tiene la finalidad de mermar la credibilidad en las instituciones, algo sin duda preocupante puesto que se pone en tela de juicio no solamente el quehacer que se desempeña a nivel del funcionario electoral, sino al ejercicio democrático en su conjunto.

Lo se requiere es mantener el irrestricto respeto a la legalidad, con instituciones sólidas que garanticen la renovación de autoridades y representantes en un marco de reglas y procedimientos claros y de óptima relación entre los diversos actores políticos y las autoridades electorales, donde también es nuestra responsabilidad mantenernos informados no solamente de las acciones gubernamentales, sino además de las diversas propuestas que se ponen sobre la mesa en un proceso electoral.

En el escenario complejo en el que se desarrollarán las elecciones de este año urge incentivar la participación ciudadana de manera informada, consciente, que contribuya a la formación de ciudadanía, pero sobre todo que permita robustecer el modelo de representación política vigente en nuestro país, ya que mientras no se tenga claro un rumbo que permita rediseñar este esquema, la brecha entre gobernantes y gobernados seguirá siendo abismal, lo que en absoluto abonará a la vituperada estabilidad social y política en nuestro país.

Al final del día basta con mirar a nuestro alrededor para analizar sobre los logros y deudas que han dejado los gobiernos municipales, estatales y el federal para canalizar este descontento o aprobación por la vía legítima y pacífica a través de las urnas, la propaganda gubernamental será solo eso, una forma de incidir hacia los intereses de quienes ostentan los cargos, el veredicto último lo tenemos los y las ciudadanas.

No hay censura, sino legalidad que protege la participación ciudadana

Uriel Pérez García

@uriel_perezg

México. Licenciado en Ciencias Políticas con maestría en Comunicación Política, especialista en desarrollo democrático y sistema político y electoral.

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