Por Uriel Pérez García
Recientemente se ha puesto en la agenda pública la pretensión de desaparecer el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, lo que sin duda pone sobre la mesa la discusión y el debate respecto a la viabilidad y funcionamiento no solo de esta institución, sino del resto de los organismos llamados autónomos que de manera insoslayable han contribuido a la construcción democrática de nuestro país.
Está claro que para todo gobierno siempre será incómodo que existan voces y además instituciones que ejerzan contrapeso a las decisiones del gobernante y al ejercicio gubernamental en su conjunto, aunque esto debiera ser algo natural en una democracia donde conviven diferentes puntos de vista, se tiene anclada esta perspectiva de que para tener un gobierno fuerte es necesario que no existan cuestionamientos que pongan en tela de juicio las determinaciones de quien gobierna.
Lo anterior significó para nuestro país que durante décadas predominara un modelo de gobierno sustentado principalmente en decisiones unipersonales, respaldadas por un solo partido, con presidentes con facultades extraordinarias que pasaban por encima de los mandatos constitucionales y legales, lo que en algún momento Jorge Carpizo denominó como facultades «metaconstitucionales».
No obstante, el surgimiento de lo que el constitucionalismo norteamericano llamó «agencias autónomas» y que tiene su origen desde el siglo XIX, tuvo como finalidad erigir organismos de carácter técnico, profesional, que posibilitara desvincular del ámbito político aquellas decisiones que requieren cierto nivel de especialización y sobre todo independencia para poder establecer y fortalecer pesos y contrapesos a los poderes tradicionales, llámese Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
De tal forma que estas entidades que en México denominamos organismos constitucionales autónomos, sustentan su razón de ser en que no deben estar subordinados a ningún otro poder del Estado aun cuando son sujetos a revisión, lo que permite equilibrar la balanza que impide la concentración de poder en un solo ente que deriva en gobiernos autoritarios que no soportan el cuestionamiento y límite alguno.
El ejemplo de los gobiernos locales evidencia con claridad que este tipo de resistencias a construir verdaderos organismos de contrapeso ha sido la constante, donde aun con una integración de un congreso local mayoritariamente de oposición, las decisiones para la conformación de este tipo de instituciones sigue pasando por el filtro partidista y del gobernador en turno, dejando de lado la profesionalización y el nulo control al ejercicio del poder político.
No obstante a nivel nacional, en los últimos 30 años, el fortalecimiento de los organismos autónomos ha sido un parteaguas para la consolidación democrática, sería inimaginable una alternancia en el gobierno de manera pacífica, así como un cuestionamiento que posibilita cada vez en mayor medida la rendición de cuentas, sin la existencia de entes de este tipo que generan de alguna forma frenos que impiden erigir en juez y parte al gobernante en turno.
Si bien es cierto que en un primer momento el surgimiento de estas entidades fue un elemento de legitimación para el régimen de gobierno, también hay que señalar que con el empuje constante de la sociedad civil, estos organismos fueron adquiriendo mayor grado de autonomía, y que hasta hoy y al margen de las todavía designaciones sesgadas que se realizan en su integración, es importante mencionar que el andamiaje legal e institucional han permitido constituir verdaderos contrapesos sin los que no hubiera sido posible transitar a una democracia por la vía pacífica.
Siempre hay espacios de mejora que significan aprovechar las diversas oportunidades que nos otorgan los avances tecnológicos y la apertura del sistema político que en los últimos años ha posibilitado construir instituciones más sólidas que nos han permitido seguir en la ruta del desarrollo político a nivel nacional, por lo que lejos de pensar en su desaparición se debe apostar a su fortalecimiento.
Es lamentable que se apueste por un retroceso, es necesario sí revisar y corregir el rumbo hacia la mayor profesionalización y despartidización en la integración de los organismos constitucionales autónomos, pero sería lamentable que con pretensiones autoritarias se busque retornar con este tipo de decisiones a esas facultades metaconstitucionales que instauraron en México lo que Mario Vargas Llosa denominó una «dictadura perfecta».
México. Licenciado en Ciencias Políticas con maestría en Comunicación Política, especialista en desarrollo democrático y sistema político y electoral.
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