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Por Uriel Pérez García

Mucho se centra la atención respecto a los procesos electorales, federales y locales, enmarcados en un sistema con una hegemonía ejercida a través de partidos políticos, sin embargo, no debemos soslayar la importancia que revisten los procesos de elección de autoridades por el sistema comúnmente denominado de «usos y costumbres», plenamente reconocido por la Constitución y que en Oaxaca hoy se reconoce como Sistemas Normativos Indígenas.

Con la reforma política de 1995, en nuestra entidad se dio el reconocimiento a las comunidades para que en el ejercicio de su libre determinación decidieran respecto de la elección de sus autoridades con base en su propias normas y prácticas que a partir de ese momento fueron observadas por la Constitución local y reguladas por el entonces Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales.

Sin duda lo anterior significó un hecho histórico que cimentó las bases para el reconocimiento de un cuerpo normativo que no precisamente encajaba en el diseño de construcción democrática impulsado por el modelo de Estado liberal y sostenido principalmente por partidos políticos como entidades pilares de la democracia para la elección de gobernantes y representantes.

El contexto de convulsión política y social de años atrás y que tuvo su punto de inflexión con el levantamiento zapatista en 1994 fue uno de los impulsos más significativos que permitió la inclusión de organizaciones y comunidades indígenas que el mismo sistema hegemónico mantuvo replegadas, bajo el sometimiento y control político, que para el caso de Oaxaca, se mantuvo mediante un acuerdo suscitado desde las década de los 80’s y a principios de los 90’s que permitió reconocer la organización económica, política y social basado en el sistema de cargos de dichas comunidades a cambio de estabilidad política.

De este modo, en nuestro estado se sentó un precedente importante para el posterior reconocimiento a nivel federal, primero en 1992 y posteriormente con la reforma constitucional de 2001 que hoy mantiene plena garantía de la libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas protegido por el artículo 2º de la Constitución General.

En este sentido tenemos que, de manera paulatina en diferentes comunidades indígenas del país han adquirido mayor relevancia en los últimos años los procesos electivos regidos bajo sus propias costumbres y prácticas tradicionales, que se erigen en normas que regulan el conjunto de actos que realizan ciudadanas, ciudadanos y autoridades reconocidas en la comunidad, para la renovación y prestación de cargos y servicios a nivel municipal.

De tal forma, se edifica un sistema electoral que constituye la votación de autoridades municipales que en el caso concreto de Oaxaca representa más de dos terceras partes de la totalidad de municipios de la entidad, siendo 417 ayuntamientos que de acuerdo a su propia normatividad interna renuevan cargos de elección popular cada tres, dos, un año o año y medio, bajo una organización que también implica diversas etapas como en todo proceso electoral.

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Así, existen actos previos donde se define a través de la aprobación de estatutos comunitarios el método de elección; los actos preparatorios de la elección para determinar lugar, fecha y hora de la jornada electoral, además de la integración del órgano electoral del municipio que se encargará de la conducción de la asamblea electiva o la forma de elección que defina la comunidad de acuerdo a sus propias normas; y por último la etapa de calificación de la elección que realiza el Organismo Público Local Electoral.

En este sentido, vale la pena resaltar que una de las mayores complejidades que enfrenta dicho sistema electoral es el nivel de conflictividad que ha escalado al grado de confrontaciones con lamentables pérdidas humanas.

Lo anterior como producto de una doble dinámica de pugnas, por un lado los distintos y añejos conflictos agrarios, la disputa por los recursos económicos entre cabeceras y agencias municipales, así como el reconocimiento del derecho a votar y ser votados a sectores sociales que no cumplen precisamente con los requisitos que las tradiciones de comunidad sanciona, primordialmente en lo relativo a la probidad de desempeño en el Sistema de Cargos.

Por otra parte, la intromisión de actores políticos, así como diversos grupos de poder fáctico dentro de las distintas regiones, representan una tensión que irrumpe con la estabilidad comunitaria y que desemboca en conflictos político electorales, por lo que el reto principal siempre está en generar las condiciones de estabilidad social y política que permitan privilegiar la conciliación a través del diálogo y el consenso, de tal forma que se evite a toda costa la conflictividad poselectoral.

De otro modo siempre se pondrá en tela de juicio un sistema electoral que a lo largo de los últimos años se ha ido abriendo hacia una participación más inclusiva y en condiciones de igualdad, algo que indudablemente también ha representado un gran esfuerzo para la normatividad interna de estas comunidades, no obstante la voluntad ha existido, hace falta ahora la voluntad de quienes buscan transgredir el orden comunitario a cambio de intereses propios.

En este contexto, es necesario apostar al fortalecimiento y reconocimiento del sistema electoral basado en sistemas normativos indígenas, no solo en Oaxaca, sino en diversas latitudes del país, ya que sin duda ante la constantemente señalada crisis de representación de los partidos políticos, es necesario privilegiar la armonía social basada en una democracia participativa con un ejercicio más directo apoyado en la vigilancia continua y la honorabilidad en el desempeño del cargo, ya que eso también es construir democracia, aunque no necesariamente desde la óptica impuesta por un modelo político y económico que solo ha acentuado desigualdades, por tanto no hay que soslayar en lo absoluto el desarrollo de las otras elecciones.

Uriel Pérez García

@uriel_perezg

México. Licenciado en Ciencias Políticas con maestría en Comunicación Política, especialista en desarrollo democrático y sistema político y electoral.

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