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por Luis A. Domínguez

El estira y afloja sobre la paridad de género se hace presente en las próximas postulaciones a gubernaturas federales, escaños dentro de los congresos locales y federales; ciertos partidos políticos y sus legisladores se hacen de la vista gorda, negándose a acatar una disposición constitucional de paridad en cargos públicos dentro de la administración pública federal.

Recordemos que esta LXVI Legislatura es históricamente reconocida como la Legislatura de la Paridad de Género pues, al mes de noviembre de 2020, la H. Cámara de Diputados cuenta con la participación de 241 diputadas y 259 diputados, lo cual representa el 48.2% de la participación femenina en el recinto, con una Mesa Directiva integrada mayormente por mujeres siendo 9 diputadas y 2 diputados.

Sin embargo, no todo es color de rosa en San Lázaro y el Senado, donde ya se han escuchado las quejas e indiferencias en sus pasillos ante el acuerdo del INE al instruir que al menos 7 de las 15 candidaturas a gubernaturas que se renovarán en 2021 sean candidatas mujeres. No era difícil esperarse que más de uno se sintiera ofendido, molesto y sorprendido ante esta decisión del colegio electoral.

Fuente: Instituto Nacional Electoral – México

Personalidades como Ricardo Monreal, actual presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, amagó con «que el INE no legisle, que no invada nuestras facultades y atribuciones, como nosotros no lo hacemos con otros poderes. Es un llamado atento a que extralimiten sus facultades. Lo hacemos todos los legisladores de todos los partidos».

¿Acaso no recordará el senador que estamos en una nueva era donde las mujeres poco a poco irán ocupando más espacios de responsabilidad y poder o será que le pesa a él y a muchos otros legisladores el auge femenino en la vida social y política?

Además, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, hizo uso de la palabra para mostrar su inconformidad: «se le ha advertido que la responsabilidad legislativa, en términos del artículo 73 de la Constitución, y particularmente de la fracción vigésimo novena, establece que en materia electoral corresponde legislar al Senado de la República».

Más de uno pensará que las quejas contra la oportunidad de candidaturas femeniles a las gubernaturas serían de uso exclusivo de los 65 senadores que integran dicha Cámara. Para su sorpresa, no fue así, ya que la senadora priísta, Claudia Ruiz Massieu, afirmó que no se trata de incumplir con la paridad de género en candidaturas: «esta decisión lo que refleja es la convicción del Senado de la República de defender nuestro ámbito de facultades legislativas».

A todos aquellos legisladores y servidores públicos les haría bien volver a leer la Constitución Política, específicamente los artículos 35 y 41, donde se reformó en 2019 la participación política en materia de paridad de género aplicables a todos los cargos públicos en nuestro país.

Los partidos políticos deben entender que la paridad de género no es un tema de moda sino un derecho de todas y todos los ciudadanos en la vida social y política de nuestro país. Tampoco debería mostrarse como presuntuosos innovadores por el número de mujeres partícipes en sus filas, muy próximos a parecer soberbios y presuntuosos.

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Cumplir con las «cuotas» de de género por obligación institucional y no por convicción democrática, significa restarle seriedad, omitir responsabilidades y evadir el compromiso que se debe tener al tomar en cuenta a todas y todos por igual para ocupar cualquier puesto de representación ciudadana.

Pero quiénes somos para juzgar a nuestros honorables legisladores que aún creen en la inferioridad femenina, cuando ellas han mostrado en muchos rubros ser más capaces y mejor preparadas que nosotros, personas «fuertes» y «líderes» por naturaleza. ¡Ya no hay «sexo débil»!

Por último, pero no menos importante, el ejercicio de la paridad de género no debe expresarse como obligación para designar mujeres a puestos vacantes o reemplazables como si fuesen comodines, postulando comunicólogas para cargos de seguridad pública o médicas para la administración de carreteras y puentes federales… pero ese es otro tema que se presta para otra columna.

Referencias:

 Luis A. Domínguez

@AntDominguez_

México. Politólogo y asesor en Comunicación Política e Imagen Pública

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