En términos estratégicos, en el terreno de la comunicación política ha sido muy frecuente recurrir a la personalización de un problema para construir una percepción que genere miedo contra un enemigo en común señalándolo como el culpable de tal dificultad y que por lo regular, cuando este trata de defenderse cae en la trampa y consiguiendo mantener en la agenda pública la discusión de la asociación en torno a su responsabilidad.
Desde esta perspectiva se logra instaurar una polarización social dirigida contra este enemigo, ya sea real o imaginario, al que se alude constantemente para justificar acciones o legitimar las conductas de los actores o gobernantes en aras de mantener la aprobación del proyecto que abanderan y de esta manera combatir y vencer al responsable de perjudicar no solo a quien encabeza dicho proyecto, sino a la sociedad en general.
En este sentido, vale mencionar que sin duda esta estrategia ha sido un referente constante desde el inicio del actual sexenio del presidente de México como un instrumento para la descalificación de sus adversarios y que en reiteradas ocasiones han visto disminuido su nivel de incidencia en las decisiones a través de sus posicionamientos, ya que se ha logrado asociar a estos con el gran problema que durante décadas ha dañado a este país: la corrupción.
Está claro que en un régimen democrático es totalmente legítimo que existan voces y movimientos contrarios al gobierno en turno, ya que de suscitarse lo contrario se estaría en la delgada línea de una vuelta al autoritarismo que limite las libertades de disentir, propias de la convivencia de una sociedad compleja y plural, pero que siempre acecha ante la incapacidad institucional para mantener la gobernabilidad.
Vale la pena mencionar que estos señalamientos naturales en una alternancia política deben ser encauzados hacia la solución de problemáticas específicas que deriven en políticas públicas con alternativas viables, al final es así como debiera construirse la agenda pública que da pie a la agenda de gobierno con acciones orientadas hacia las necesidades públicas.
No obstante, cuando un gobierno no está dispuesto a cambiar o delimitar su agenda con base en una mayor inclusión de sectores sociales y políticos, se cierra a pretender imponer como únicos sus programas y proyectos, recurriendo a la inmediata descalificación de los señalamientos críticos o de oposición situándolos en la categoría del enemigo en común a vencer.
En el caso del gobierno actual en México, dos elementos fundamentales incentivan esta estrategia:
Por un lado la deficiente o nula capacidad de la oposición política para construir una auténtica propuesta que pueda traducirse en exigencias concretas para hacerse de la agenda pública; por el contrario, la agenda es construida de manera unidireccional a través de lo que se delimita por parte del presidente en las conferencias matutinas y que marca la discusión del resto del día y en muchos casos hasta se convierte en los titulares del día siguiente.
Por otra parte la estrategia de división y clara polarización a través de calificativos como «conservadores», «fifís», «neoliberales», etcétera, asociándolos con la corrupción y los «privilegiados» del pasado, logra la encomienda de situarlos como el enemigo que se niega al nuevo orden político minando todo intento de transformación en el país.
De esta manera, mientras los partidos políticos y los distintos movimientos opositores a la llamada 4T, no logren esbozar propuestas reales que vayan más allá de replicar lo que se plantea en la agenda delineada por la presidencia, y que va desde ocurrencias discursivas hasta el reciente desafío lanzado contra el llamado Frente Nacional AntiAMLO (FRENAAA) —este último sin la capacidad de articular un discurso coherente y una movilización efectiva más allá de los efectos visuales y comunicativos realizados en las últimas movilizaciones en el zócalo capitalino— difícilmente se podrá erigir como una oposición legítima que permita la construcción de alternativas de cara a las próximas elecciones.
Lo cierto es que la estrategia política de la creación de un enemigo público, seguirá siendo un elemento central en el discurso presidencial y que seguramente será retomado y acentuado en las próximas candidaturas como estrategia de polarización de la opinión pública, perpetuándose desde la redes sociales una serie de insultos y descalificaciones que solo erosionan la libertad de expresión con un debate que que no solo busca aniquilar al enemigo en común.
México. Licenciado en Ciencias Políticas con maestría en Comunicación Política, especialista en desarrollo democrático y sistema político y electoral.
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