De la publicidad «neoliberal» a la propaganda de la 4T

De acuerdo con la Real Academia Española (RAE), la propaganda se define como «La difusión o divulgación de información, ideas u opiniones de carácter político, religioso o comercial con la intención de que alguien actúe de una manera determinada, piense según unas ideas o adquiera un determinado producto»

En este último aspecto interviene la publicidad, cuyo objetivo es la creación y la modificación de hábitos de consumo en determinados sectores de la sociedad. De acuerdo con esta definición, podemos afirmar que la propaganda se centra en la modificación del pensamiento, la percepción y, por ende, del comportamiento de las personas con respecto a temas del dominio público de naturaleza política o religiosa.

La relación entre los gobiernos y los medios de comunicación masiva a partir del papel de estos como canales transmisores y amplificadores ideológicos de los discursos y los mensajes, ha sido estrecha y codependiente durante las décadas recientes, a tal grado de que el periodista, político e historiador, Thomas Macaulay, definió a estos, como el cuarto poder dentro del Estado.

En México existe una larga historia y tradición de control gubernamental sobre los medios de comunicación, sobre todo durante la época del régimen del partido único de Estado que gobernó por más de 80 años en México, sin embargo, dicho control evolucionó hasta convertirse en una relación de mutua colaboración con intereses compartidos y acuerdos que se traducían en la contratación excesiva de publicidad gubernamental que la administración en turno adquiría con los grandes consorcios mediáticos.

De acuerdo con cifras de Article 19 México, en su informe anual «Disonancia: voces en disputa», por ejemplo, durante el último año del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, el gasto en publicidad oficial ascendió a 60 mil millones de pesos, una cifra sin duda exorbitante.

Con el cambio de administración y la llegada de la llamada «Cuarta Transformación» encabezada por el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el esquema en la relación gobierno–medios cambió con el anuncio de que la estrategia de comunicación institucional del Gobierno de México se centraría en informar a la sociedad mexicana sobre las principales acciones del gobierno en un ejercicio de transparencia y comunicación inédito a partir de conferencias de prensa matutinas y cotidianas con el presidente como protagonista.

El rompimiento con el esquema tradicional de contratación de publicidad oficial era un hecho, reduciendo este gasto hasta en un 50%, en comparación con lo gastado del 2012 al 2018, es decir, entre 25 mil y 30 mil millones de pesos, sin embargo, y como también lo revela el reporte de Article 19, en la «mañanera» hoy, en su intento por dominar y marcar la agenda política mexicana, el primer mandatario ha hecho de su palabra un instrumento y arma del gobierno cuyo objetivo es neutralizar o anular a cualquier voz que no tome partida o una postura política a favor de la 4T.

Así pues, quienes busquen cuestionar su narrativa son clasificados, por no compartir su forma de pensar, inmediatamente en sus adversarios ¿Cómo? siendo estigmatizados a través de la réplica presidencial con una extensa red de activistas digitales inmersos en las plataformas sociales –principalmente Twitter– conocidos como “Red AMLO”; o bien, en la colocación estratégica de opinólogos claramente identificados con el actual gobierno, en espacios estelares de medios públicos como Canal Once y Notimex; desde donde recientemente, se han realizado ataques sistemáticos en contra de periodistas anteriormente consideradas como aliadas, como Carmen Artistegui y Lydia Cacho, cerrando la pinza de dicha estrategia propagandística y de ataque, el acompañamiento en la difusión por parte de medios digitales “independientes” como lo son Sin Línea Mx y El Soberano entre otros.

En un país como México, donde tan solo en el 2019 se registraron 609 agresiones a periodistas –recordemos que después de Siria nuestro país es el segundo más mortífero del mundo para ejercer el periodismo– y en donde el historial de censura en contra de voces disonantes y críticas no ha cesado a pesar del cambio de colores en la presidencia; garantizar el pleno ejercicio del derecho a la libertad de expresión y del periodismo independiente, abonaría en fortalecer el sistema democrático, además de fortalecer la gobernabilidad y la pluralidad política tan solo con ajustar la estrategia actual de propaganda, dando pie a una de comunicación política e institucional que ,en sintonía con las acciones que podrían implementarse para cumplir los objetivos anteriormente mencionados, comunique que el gobierno de la 4T «actúa diferente» y que realmente está informando a sus ciudadanos sobre los cambios profundos que la sociedad mexicana le encomendó llevar a cabo en las urnas hace casi dos años.